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Tema: La sal gorda de la corrupción

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    Predeterminado La sal gorda de la corrupción

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    La sal gorda de la corrupción

    Las desaladoras, situadas en el ojo del huracán a raíz del presunto fraude en la adjudicación de contratos públicos en obras hídricas.

    Fueron la controvertida alternativa al fallido trasvase del Ebro


    José Mari Reviriego
    28 enero 2016 11:49

    El 'caso Acuamed', el presunto fraude en la adjudicación de contratos públicos inflados para la construcción de obras hídricas, ha sacado a la palestra la controvertida actividad de las desaladoras en España. Las plantas de desalinización, situadas en el ojo del huracán por este nuevo escándalo de corrupción, fueron impulsadas por la Administración central a raíz del fracaso del trasvase del Ebro, una colosal operación aprobada en la recta final del Gobierno de Aznar para garantizar el riego de agua potable al Levante y el Sur españoles, y derogada por el Ejecutivo de Zapatero en cuanto accedió al poder en 2004.

    La desalación de agua del mar se convirtió años después en una alternativa para asegurar el suministro en las zonas más áridas del país, cada vez más castigadas por duros estiajes y sequías incluso en época de lluvias, pero la solución fue muy cuestionada por el ecologismo por sus negativas consecuencias para el medio ambiente, sobre todo en caso de una proliferación descontrolada. Sus detractores ven en estas infraestructuras una amenaza para el mar y su litoral.

    Las praderas de posidonia son muy sensibles a los cambios de salinidad del medio, afectado por las oscilaciones de la salmuera. El proceso de extracción de la sal genera residuos salinos y sustancias contaminantes con graves perjuicios para la flora y la fauna del entorno. Además, su elevado consumo eléctrico dispara los gastos. Por eso el ecologismo sostiene que las plantas desaladoras deberían en todo caso funcionar a través de energías renovables como el sol y el viento. Son, a su juicio, la última opción para hacer frente a los graves problemas de agua potable que sufre España.

    Cada vez mayores si avanza el cambio climático, que se puede cebar con la costa mediterránea. Es el país más árido de Europa, tanto por la escasez de precipitaciones –solo hay que ver cómo están hoy los pantanos, incluidos los de la Cuenca Norte en pleno invierno– como por el calor, lo que eleva la evaporación cuando llueve.

    En estas condiciones, agravadas en la última década por el calentamiento global, el Plan Hidrológico Nacional se puso en marcha en el año 2001, cuando el PP lideraba el Gobierno con mayoría absoluta. Ese plan incluía el polémico trasvase del Ebro, concebido para transferir agua a la altura de Tarragona con destino a Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería (estaba presupuestado en unos 4.000 millones de euros). El Ejecutivo de José María Aznar puso la primera piedra en febrero de 2004 en territorio almeriense en lo que fue una especie de acto electoral, uno de los últimos de la era Aznar. Un mes después se celebraron las elecciones generales, saldadas con la derrota de Mariano Rajoy en su primer duelo con José Luis Rodríguez Zapatero, en mitad de la conmoción generada por los atentados del 11 de marzo.

    El trasvase del Ebro desató una fuerte controversia social y política. Los mismos partidos, especialmente el PP y el PSOE, que lo defendían en una zona, lo rechazaban en otra. Los populares aragoneses se llegaron a posicionar en contra al sumarse a las demandas de agricultores, ganaderos y vecinos de la cuenca irrigada por el río más caudaloso de la península. El choque llegó a generar una guerra entre los medios, más reveladora cuando se trataba de las televisiones públicas autonómicas. Los partidarios de la operación acusaban de insolidarios a sus detractores, que denunciaban el despilfarro de recursos naturales por la proliferación de campos de golf y urbanizaciones con piscinas privadas por el Levante español. Para meter presión, los agricultores de las zonas afectadas por la sequía deslizaron que, en su agonía, habían comenzado a regar sus cultivos con aguas presuntamente con residuos fecales.

    El ecologismo reaccionó alarmado al trasvase al considerar que sus consecuencias podían ser devastadoras para el Delta del Ebro, una de las joyas de la naturaleza. La pérdida de caudal destinado al trasvase amenazaba con reducir drásticamente los sedimentos y con 'empequeñecer' la desembocadura, ya tocada por la construcción de embalses y presas. Sus efectos se dejarían notar en las zonas de aluvión, dedicadas al cultivo del arroz, y en la pérdida de nutrientes y limos, vitales para la pesca y la conservación de las centenares de especies de aves que pueblan el delta. Entre ellas, los flamencos.

    Tras la llegada de Zapatero a La Moncloa, el PSOE derogó el trasvase del Ebro y lo sacó del Plan Hidrológico Nacional. Sin alternativas viables a esa infraestructura hidráulica, otras soluciones tomaron el testigo para paliar los endémicos problemas que sufre España para garantizar el suministro de agua a núcleos urbanos y cultivos, tanto en grandes extensiones como en invernaderos.

    Las desaladoras, alternativas puestas en marcha para asegurar el caudal en las zonas afectadas por la sequía, forman parte ahora de la investigación desarrollada en la 'Operación Frontino', abierta por el juez Eloy Velasco. El magistrado, el mismo que instruye el 'caso Púnica' –una trama de corrupción en la concesión de obras y comisiones ilegales que salpica al PP–, investiga el presunto fraude millonario en la adjudicación de contratos inflados y facturas falsas para la construcción de obras hídricas y medioambientales entre 2007-2014, período que coincide con la gestión de los gobiernos de Zapatero y Rajoy.

    Las pesquisas se centran en Acuamed, la empresa de Aguas de las Cuencas Mediterráneas que depende del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Su presupuesto anual es de 206 millones de euros. El auto de Velasco implica a «cargos de muy alto nivel del Ministerio» en supuestos acuerdos que tendrían como objetivo favorecer con dinero público a una Unión Temporal de Empresas liderada por la constructora FCC. Hasta la fecha han cesado quienes eran el director de la sociedad pública Arcadio Mateo y el subsecretario de Presidencia Federico Ramos, éste último un estrecho colaborador de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

    Los contratos investigados en el 'caso Acuamed', la sal gruesa de la corrupción, afectan a siete grandes infraestructuras, varias de ellas plantas de desalación de agua del mar: las desaladoras de Bajo Almanzora, en Almería; y de Torrevieja y Mutxamel, en Alicante; así como la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona; y tres presas más de la cuenca mediterránea.

    Las asociaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife, WWF y Amigos de la Tierra se reunieron el jueves pasado con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para reclamar que la investigación llegue «hasta el final». Tras una entrevista con la titular del Departamento en funciones, Isabel García Tejerina, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, los representantes de las cinco organizaciones ecologistas emplazaron a la Administración central a promover una acción «ejemplarizante» contra los responsables del mal uso de fondos públicos. Exigieron «mano dura» contra quienes han planificado «obras innecesarias» que, en su opinión, responden a «otros intereses muy diferentes a los de las necesidades que tienen que ver con el agua».
    PARQUE NACIONAL DE LOS OJOS DEL GUADIANA Y DE LAS TABLAS DE DAIMIEL ¡¡YA!!

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    JMTrigos (30-ene-2016)

  3. #2
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    Hay que mantener alejados a los políticos de las empresas. Cuando se ha de realizar un estudio, como en este caso del trasvase, han de intervenir solo técnicos del estado, y de todo el estado, no solo de las autonomías afectadas. De aquí, saldrá un informe que se llevará a donde corresponda. Nunca un político debe meter las "narices" en asuntos técnicos, ni recibir visitas de "amigos relacionados con el asunto. Solo han de actuar "políticamente", y en el parlamento.

  4. #3
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    Sería lo ideal, pero en España eso es imposible. Todo está politizado.
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  5. #4
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por Ergio Ver Mensaje
    Hay que mantener alejados a los políticos de las empresas. Cuando se ha de realizar un estudio, como en este caso del trasvase, han de intervenir solo técnicos del estado, y de todo el estado, no solo de las autonomías afectadas. De aquí, saldrá un informe que se llevará a donde corresponda. Nunca un político debe meter las "narices" en asuntos técnicos, ni recibir visitas de "amigos relacionados con el asunto. Solo han de actuar "políticamente", y en el parlamento.
    Ay Ergio, perdona que te baje de la nube. Ya nos gustaría que las cosas fueran así, pero persiste, que menudo mundo sería sin idealistas.
    "Cuando el mundo esté preparado y una nueva vida renazca, gozarán de mis actuales descubrimientos"
    (Capitán Nemo. 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne)

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