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Tema: El causante del mayor vertido en Mexico se hace con Aznalcollar

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    Predeterminado El causante del mayor vertido en Mexico se hace con Aznalcollar

    luis montoro/abc / sevilla/madrid
    Día 22/02/2015 - 02.55h
    Críticas a la Junta por adjudicar al grupo azteca la mina donde se produjo el desastre ambiental de 1998
    El causante del mayor vertido en México se hace con Aznalcóllar
    efe
    En Aznalcóllar se vertieron seis hectómetros cúbicos de aguas ácidas y lodos piríticos de gran toxicidad

    La Junta de Andalucía quería que un gigante del sector controlara la reapertura de Aznalcóllar y así ha sido. Minorbis –la alianza entre Grupo México y la firma cordobesa Magtel– ganó el pasado viernes el concurso público para retomar este proyecto frente a la propuesta de Emerita Resources (filial del banco de inversión Forbes & Manhattan). La adjudicación supone el resurgimiento de una mina que se hizo tristemente famosa cuando en la madrugada del 25 de abril de 1998 la rotura de una balsa de residuos provocó el mayor desastre ecológico conocido en Andalucía.

    Pero la vuelta a la actividad de Aznalcóllar no va a estar exenta de controversia. Tanto la empresa que ha perdido el concurso, Emérita, como el partido Equo y las organizaciones ecologistas WWF y Ecologistas denunciaron ayer que Grupo México, que junto con la andaluza Magtel integran la adjudicataria México Minorbis, fue causante del «peor desastre ambiental» en el país azteca.

    Además de deplorar la mala reputación ecológica de la empresa adjudicataria, también han criticado lo que consideran falta de transparencia de este concurso y han advertido de la amenaza que la reapertura sin garantías de esta mina supone para el Parque Nacional de Doñana, que ya sufrió en 1998 el mayor desastre ambiental tras la rotura de la balsa de residuos del grupo minero Boliden.

    El portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, denunció a Efe que «ni el Gobierno andaluz ni el PSOE» han aprendido la lección de la catástrofe ambiental de Boliden, de 1998, y ha deplorado que se apueste de nuevo por la reapertura de esta mina, ubicada en la cabecera del río Guadiamar, principal afluente de Doñana.
    40 millones de litros

    Así mismo, Equo denuncia que las mejores puntuaciones a la oferta ganadora han sido en las «puramente económicas y las peores, en sus planes medioambientales y sociales». Para Ecologistas en Acción, la adjudicación ha sido forzada por la Junta para anunciarla «en plena campaña electoral».

    Estas organizaciones recuerdan que en agosto de 2014 el Grupo México causó un vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea.

    La firma que se ha quedado en el camino, Emerita Resources, calificó de «lamentable» la resolución del concurso y criticó la «parodia de transparencia» en la que se desarrolló el acto (se transmitió la decisión de la mesa de contratación en directo por internet). Por ello, estudia una posible querella criminal contra aquellos miembros de la mesa que pudieran haber cometido un «ilícito penal» con su actuación en el procedimiento.

    Grupo México aporta su músculo a la sociedad que se ha hecho con la adjudicación. Cotiza en bolsa desde 1978 y registra un negocio anual de 7.000 millones de euros. Este grupo tendrá un peso mayoritario en la sociedad que comparte con Magtel para reabrir el yacimiento sevillano y con la que también hará «propuestas en otros procedimientos de concurrencia pública para explorar nuevos yacimientos mineros en nuestra comunidad».
    Inversión de 300 millones

    Además de los técnicos de estas dos compañías, «el consorcio ha contado con la aportación de numerosas empresas expertas en este ámbito como Ayesa, Golder Associates, CRS Ingeniería, Fundación Migres, AT Clave, BlacktoGreen Consulting, Scypi o Mintec, entre otras», apunta en un comunicado. Está previsto que durante el primer trimestre de 2015 comiencen las labores de exploración previas a la construcción de infraestructuras.

    El modelo de explotación será con una «burbuja de minería subterránea con el que se suprimirán los impactos ambientales y paisajísticos». Se prevén obtener con la planta de beneficio 245.000 toneladas al año de concentrado de zinc, plomo y cobre durante 19 años. La inversión será de más de 300 millones de euros.
    La juez ordena investigar ayudas a la adjudicataria de Aznalcóllar

    La UDEF indaga si Magtel desvió parte de los 9,3 millones que le dio el gobierno
    La Junta también 'regó' con subvenciones a la empresa bajo sospecha

    CHEMA RODRÍGUEZ Sevilla
    Actualizado: 10/03/2015 11:04 horas


    La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía está investigando si Magtel -socia del consorcio a la que la Junta de Andalucía ha adjudicado la explotación de la mina de Aznalcóllar- desvió parte de las millonarias subvenciones que le concedió el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para instalar redes de fibra óptica en municipios de Sevilla y Málaga.

    La empresa, con sede en Córdoba y asociada con Grupo México para explotar Aznalcóllar, recibió ayudas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por un importe cercano a los 9,3 millones de euros y la juez Celia Belhajd ha encargado a la unidad especializada de la Policía Nacional que averigüe si Magtel gastó todo el dinero en los proyectos declarados o si parte del mismo se destinó a fines distintos.

    La orden de indagar estas supuestas irregularidades la incluye la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla en el auto por el que abre diligencias previas acerca del concurso convocado por la Junta para adjudicar los derechos de explotación del yacimiento de Aznalcóllar, cerrado desde el desastre medioambiental de 1998.

    El procedimiento judicial tiene su origen en la denuncia que la empresa Emerita Resources, que participó en el concurso y que fue descartada en la fase final, interpuso el pasado 26 de febrero. En ella apuntaba a un supuesto trato de privilegio otorgado por la Administración andaluza a Magtel, a la que, por otro lado, ha 'regado' durante años con ayudas públicas.
    Denuncia por tráfico de influencias

    Emerita Resources hablaba en su denuncia de un presunto delito de tráfico de influencias y aludía a la vinculación laboral con Magtel de varios ex altos cargos de la Administración autonómica, amén de su relación con el PSOE en general.

    Como una de las pruebas, la denunciante señaló a las subvenciones otorgadas por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero, las mismas que la juez Belhadj ha ordenado a la UDEF que investigue.

    Se trata de ocho ayudas concedidas a Magtel Comunicaciones Avanzadas S.L. para otros tantos proyectos de despliegue de red de fibra óptica en los municipios sevillanos de Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Gines, Los Palacios y Utrera, así como en las localidades malagueñas de Fuengirola, Rincón de la Victoria y Torremolinos.

    A simple vista llama la atención de estas subvenciones, aparte de su cuantía, que fueron concedidas en los últimos días de gobierno socialista. Su concesión se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22 de diciembre de 2011, cuando Mariano Rajoy y el PP ya habían ganado con mayoría absoluta las elecciones generales y el gobierno socialista de Zapatero se encontraba en funciones.
    Sólo superada por Telefónica

    Junto a Magtel resultaron beneficiarias de las subvenciones del Ministerio de Industria otras nueve empresas y Magtel fue la segunda que más dinero recibió, sólo superada por Telefónica. Pese a que el tamaño de la sociedad cordobesa es infinitamente menor que el de la multinacional, 'apenas' recibió 700.000 euros menos.

    Las supuestas irregularidades, si las hubiere, podrían suponer la comisión de un delito de fraude en subvenciones, como señala la magistrada de Instrucción 3 en su auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO. Si se confirman las sospechas, la magistrada ya anuncia la apertura de piezas separadas para las pesquisas relacionadas con las subvenciones dadas por el gobierno de Zapatero.

    En ese mismo auto, como ya informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la semana pasada, la juez reclama a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el expediente completo (incluyendo informes previos y valoraciones) de la adjudicación de Aznalcóllar.

    En este sentido, habla la magistrada de que los hechos denunciados por Emerita Resources presentan indicios de «infracción penal» y, además del posible delito de fraude en subvenciones en relación a las ayudas del Ministerio de Industria, apunta a la presunta comisión de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

    La denunciante sostiene que el concurso fue amañado con el exclusivo fin de que la ganadora fuese la que ha sido, México-Minorbis. Y, para ello, asegura, no sólo se han cometido irregularidades en el procedimiento administrativo, sino que además ha habido «presiones» a los funcionarios que lo han tramitado.


    Fuente: Ek Mundo, ABC
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    Predeterminado

    No aprendemos. Boliden eran unos golfos y ahora se lo damos a otros.
    Luego decimos de la corrupción y tal.

    Saludos. Miguel.
    “No, salir, sale por c*j*n*s... Porque el Plan Hidrológico o sale en esta legislatura o no sale nunca. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón. Yo se lo digo ahora que va a ser así. Esta vez sale por narices...En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted la seguridad que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros.-estando yo- que esto salía por hu*v*s." (Jumilla. Septiembre 00)......
    CAÑETE DIXIT

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    Predeterminado Díaz culpabiliza a los funcionarios de la adjudicación de Aznalcóllar

    La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, negó ayer cualquier responsabilidad política en el caso Aznalcóllar y la atribuyó a los funcionarios que supervisaron todo el proceso la adjudicación de la mina. «Los servicios jurídicos de la Junta sostuvieron con claridad que se hizo conforme a Derecho», señaló.
    Por ello, rechazó que este asunto sea un fracaso político de su gestión. «Esto es una pelea entre dos empresas por la adjudicación de un concurso en la que una demanda a la otra, y también a la Junta, y los informes de los servicios jurídicos desmontan punto por punto lo que el auto dice».
    Así, en una entrevista concedida a una emisora nacional, la líder socialista argumentó que algunos quieren convertir «lo que es un problema de una adjudicación y de una mesa de contratación en un caso de corrupción», con el propósito, según ella, «de hacer ruido» en la campaña electoral.
    Además, Díaz recordó que lo primero que ha hecho es «mandar parar el asunto», aunque los servicios jurídicos de la institución que preside en funciones hayan mantenido «con claridad» que se hizo «conforme a Derecho». «Pero basta con que haya una sospecha para paralizarlo», remachó, pidiendo, no obstante, agilidad en el proceso judicial porque hay «miles de personas» que llevan esperando 17 años la reapertura de la mina.
    Por su parte, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, defendió que en la adjudicación de Aznalcóllar está en cuestión la actuación de la Junta presidida por Díaz, de manera que ella es la «única responsable» de lo ocurrido y «ya no puede mirar atrás para culpar a los expresidentes Chaves o Griñán».
    Por ello, pidió a la socialista que colabore con la Justicia para que el proceso judicial sea rápido, «y no hacer como en el caso de los ERE o de los cursos formación, donde de manera permanente y reiterada han ido poniendo palos en la rueda a la investigación».
    En este sentido, el líder popular señaló también que la mala gestión del Gobierno de Díaz «está imposibilitando la puesta en marcha de un proyecto empresarial que es muy importante para una comarca de Andalucía, y está poniendo en peligro puestos de trabajo y futuras inversiones».
    Como siempre los politicos a quitarse responsabilidades y echarselas al primero que pasaba por ahí. Que pena

    Fuente: El Diario de Burgos
    Última edición por Jonasino; 16-may-2015 a las 18:12 Razón: Poner fuente
    "Cuando el mundo esté preparado y una nueva vida renazca, gozarán de mis actuales descubrimientos"
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    Predeterminado Ecologistas personados en el 'caso Aznalcóllar' apuntan a Susana Díaz

    La adjudicación de la mina de Aznalcóllar se le complica cada día más a Susana Díaz. La presidenta del gobierno andaluz y gran impulsora de la reapertura de la explotación minera en el municipio sevillano tras el vertido de 1998 podría ser incluida en una próxima denuncia penal de los ecologistas por las supuestas graves irregularidades detectadas en el concurso que ganó Minorbis-Grupo México e impugnó la perdedora, Emerita Resources.

    La asociación Ecologistas en Acción, que se ha personado este viernes en el proceso abierto por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, y este lunes pedirá la documentación sobre el caso, advirtió ayer de que si hallan indicios de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociación ilegal que denunció Emerita ante la juez, no se conformará con pedir responsabilidades a la directora general de Minas, sino que acusarán también a sus superiores hasta llegar hasta la presidenta de la Junta y líder de los socialistas andaluces.

    «No temeremos actuar contra la presidenta de la Junta de Andalucía y llevarla ante el Tribunal Supremo, porque ella ha sido la impulsora de la demencial política minera», dijo a EL MUNDO el responsable regional de la sección sobre minería de Ecologistas en Acción, Antonio Ramos, avanzando así la postura de máximos que llevará su organización como acusación popular en el caso Aznalcóllar. Hipotéticamente, si Ecologistas pidiera la imputación de Díaz y la jueza la admitiera, ésta tendría que derivar el caso al Tribunal Supremo para que tomara declaración a la líder socialista, aforada como diputada andaluza.
    «Estaba enterada»

    Ramos sostiene que si ha habido irregularidades o se han cometido delitos en la adjudicación de la mine a la unión formada por Minorbis (participada por la andaluza Magtel, perceptora de ayudas millonarias de la Junta) y su socio internacional, Grupo México, tienen que responder de ello la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, pero también el secretario general de Innovación, Industria y Energía, Vicente Fernández;el consejero de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, y la presidenta.
    Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/2015...07b8b458e.html
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    Predeterminado La Junta adjudicó la mina a sabiendas de que las firmas no eran originales




    El Gobierno de Susana Díaz adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) el pasado mes de marzo a sabiendas no sólo de que la adjudicataria incumplía los requisitos que ella misma había establecido -según la juez-, sino que, además, estaba al tanto de que en el proyecto ganador presentado por Minorbis-Grupo México podía haber documentos falsificados.

    Así lo refleja el informe de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla remitido al Juzgado de Instrucción número 3 el pasado 23 de abril, en el que los investigadores ponen en duda la autenticidad de parte de la documentación presentada por la filial del grupo cordobés Magtel, con estrechos vínculos con los sucesivos gobiernos socialistas. En concreto, de los escritos con los que la adjudicataria acreditó su alianza con la multinacional mexicana que debía aportar la experiencia y la capacidad de la que la empresa española carece.

    El atestado -en el que se ha basado la juez Patricia Fernández para concluir que la Junta no observó "ningún rigor" en el concurso- arroja serias dudas sobre el supuesto consorcio internacional al que la Administración andaluza ha concedido la explotación de Aznalcóllar los próximos 30 años.

    El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se basa, entre otras cosas, en las propias sospechas de la comisión técnica que valoró las propuestas y que hizo constar sus "dudas" acerca de la originalidad de las firmas del supuesto representante del Grupo México en este proyecto.
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    Así lo reflejan los técnicos designados por la Junta de Andalucía en las actas correspondientes al 12 de mayo de 2014 acerca de las respuesta recibidas por la adjudicataria a los requerimientos que ya le habían efectuado ante los incumplimientos detectados en una fase previa, incluida, precisamente, la teórica alianza entre la cordobesa Magtel y la mexicana.

    La comisión técnica llegó a reclamar a Minorbis una ratificación de los documentos en los que aparecían las firmas de cuya originalidad dudaba, pero -destacan los investigadores en su informe- dicha ratificación no llegó jamás a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la que Susana Díaz encomendó el concurso de Aznalcóllar.
    Otras irregularidades

    A las sospechas de una supuesta falsificación de las firmas suma la Policía Nacional otras irregularidades en el proyecto que acrecientan las dudas sobre la presencia real de Grupo México en el mismo. Como que no se cumpla la exigencia de aportar el informe expedido por la Oficina Consular de España en México respecto a la capacidad de la multinacional minera. O que no se satisfaga el requerimiento de detallar el compromiso de inversión de cada una de las partes.

    Visto todo lo anterior, los investigadores se muestran convencidos de que Magtel no contaba con el respaldo de la multinacional mexicana cuando se presentó al concurso y tampoco cuando lo ganó. Dice literalmente la Policía Nacional que "no puede entenderse de ninguna manera que el Grupo México respalde económica, financiera y técnicamente a Minorbis".

    En esta línea, la Policía resalta cómo la Dirección General de Minas, responsable directa del concurso minero, pasó por alto todos estos incumplimientos de la oferta de Magtel, una magnanimidad que no mostró con otra de las aspirantes, la empresa belga-australiana Nyrstar, a la que sí apartó del proceso.

    En cuanto a la objetividad de la comisión técnica que valoró las propuestas, el atestado policial hace un profundo análisis que forma parte de las actuaciones judiciales en marcha. Y las conclusiones no son, ni mucho menos, positivas.

    Los investigadores reflejan cómo en no pocas ocasiones realizaron valoraciones irregulares que, siempre, beneficiaron a Magtel.
    Fuente: El Mundo
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    Predeterminado

    En fin, como se hacen muchas de las adjudicaciones en este país. Nada nuevo bajo el sol...
    PARQUE NACIONAL DE LOS OJOS DEL GUADIANA Y DE LAS TABLAS DE DAIMIEL ¡¡YA!!

    NORMAS DE USO DEL FORO http://foros.embalses.net/showthread.php?t=4867
    CÓMO SUBIR IMÁGENES http://foros.embalses.net/showthread...-im%C3%A1genes

  7. #7
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    Predeterminado



    Typical Hispanis.

    Saludos. Miguel.
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    Predeterminado La Udef denuncia que la Junta de Andalucía manipuló la puntuación del concurso público




    La investigación del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla sobre la adjudicación para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a la empresa Minorbis, filial del grupo cordobés Magtel, ha puesto de manifiesto que el concurso público fue alterado en favor de esta compañía, que guarda relación con los gobiernos socialistas de Andalucía en la adjudicación de parques eólicos. Así lo ha puesto de manifiesto un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) entregado al juez.

    La Udef, tras examinar la documentación del concurso público, adjudicado el pasado mes de febrero, concluye que «Minorbis-Grupo México no debió pasar la primera parte del citado concurso bien por no aportar la documentación requerida o por carecer ésta del contenido exigido».

    Magtel-Minorbis, que no tiene experiencia en el sector de la minería, ganó el concurso al crear un consorcio con Grupo México, que sí la tiene, pero la Policía Judicial destapa que, en realidad, el consorcio no estaba creado, sino que sólo tenían «una posible alianza». Al carecer de una entidad jurídica solvente, Minorbis debería haber sido descalificada. El informe policial sostiene que «nos encontramos ante una asociación embrionaria en la que todavía no se ha formalizado la persona jurídica». Es más, los investigadores de la Policía destacan que Grupo México «respalda al Consorcio en los aspectos de solvencia económica, financiera y técnica» pero ese consorcio es «una entidad que aún no existe».

    No es ésta la única irregularidad que aprecia la Udef, ya que Grupo México «no cumple la exigencia de aportar el informe expedido por la Oficina Consular de España en México», un trámite obligatorio para presentarse a la licitación pública. La reapertura de la mina de Aznalcóllar, cerrada tras el trágico vertido de 1998, ha sido esgrimida por Susana Díaz en la campaña electoral.

    El caso fue denunciado por la otra empresa que se presentó al concurso, la minera Emerita Resources España. Según la investigación de la Udef, los técnicos de la Junta de Andalucía no trataron a ambas concursantes por igual, sino que favorecieron a Minorbis, que ofreció una inversión de 304,63 millones de euros, menos de la mitad de los 641,52 que ofertó Emerita.

    El informe entregado al juez dice que «respecto al Valor Real Neto se vuelve a dar el mismo valor a ambas ofertas siendo la de Emerita considerablemente mejor». Ésta declaraba 584,7 millones de euros por sólo 56,3 de Minorbis, pero «el criterio establecido (en la puntuación del concurso) impide diferenciar el mejor proyecto a pesar de que son números fácilmente comparables». De hecho, la Udef asegura que los técnicos «distorsionaron» los criterios de puntuación: para Minorbis se valoró cada «cuadrícula minera» a 301.581 euros; para Emerita esa cifra bajó hasta 159.168 euros.
    Más «anomalías»

    En el rosario de «anomalías» que denuncia el informe presentado al juzgado también aparece que varios integrantes del equipo técnico presentado por Minorbis-Grupo México «no acreditan experiencia» necesaria para dirigir la explotación minera sevillana. Concluye que Minorbis «no acredita solvencia técnica».

    Por otro lado, la Udef no sospecha que las firmas de los representas de Grupo México hayan sido falsificadas, como trascendió ayer, sino que «existen dudas de que sean originales apreciando que pudiera ser un documento escaneado». Es decir, la Policía no habla de falsificaciones, sino de firmas fotocopiadas. En esta línea, la Udef también ve irregular que Minorbis presentara «capturas de los datos económicos extraídos de la página web de Grupo México», en lugar de las «cuentas anuales» depositadas en el correspondiente registro mercantil.

    Fuente: ABC
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    Predeterminado Del desastre de Aznalcóllar al vertido en el río Sonora


    Más de 9.000 kilómetros y 16 años separan el desastre de la mina sevillana de Aznalcóllar (abril de 1998) y el vertido al río Sonora desde la explotación mexicana Buenavista (agosto de 2014). Grupo México es el punto de unión entre estos dos accidentes medioambientales. Esta compañía es la propietaria de la mina de cobre Buenavista (la mayor explotación del país y la segunda de latinoamérica) y, a la vez, forma parte del grupo empresarial que ganó el cuestionado concurso para reabrir Aznalcóllar. La explotación sevillana cerró tras el desastre causado por la rotura de una balsa de lodos tóxicos en los noventa. La Junta aspiraba ahora a reanudar los trabajos en la corta de Los Frailes, que la empresa sueca Boliden abandonó sin llegar a extraer casi 35 millones de toneladas de zinc, cobre, plomo y plata.

    Pero la reapertura de esta mina sevillana ha sido paralizada por la Junta de Andalucía esta semana tras la investigación abierta por un juzgado sevillano, que aprecia irregularidades en el concurso público que ganó la unión entre Grupo México y Magtel. Desde que se adjudicó en febrero, las asociaciones ecologistas han denunciado los problemas de Grupo México en la gestión minera y han puesto el acento, especialmente, en el accidente de 2014 en la cuenca del rio Sonora, que ha obligado a esta compañía a pagar 115 millones de euros.


    El pasado 6 de agosto un fallo en una tubería de una de las balsas de residuos de la mina Buenavista desencadenó un enorme vertido. Se derramaron 40.000 metros cúbicos de aguas residuales con importantes concentraciones de metales (principalmente hierro y aluminio). Primero corrió por el río Bacanuchi y luego contaminó el Sonora. En total, el vertido afectó a 271,6 kilómetros de cauces y a siete municipios de la zona, donde viven unas 22.800 personas. "Es el accidente medioambiental más grande de la industria minera en México", reconoce Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental del Gobierno mexicano.

    322 pozos y norias de las márgenes del río tuvieron que ser clausurados y se recurrió a los camiones cisterna para abastecer a la población. El Gobierno mexicano, según Lacy, tiene acreditados hasta ahora 270 casos de afecciones sanitarias en la población. Se trata, fundamentalmente, de problemas gástricos y daños dermatológicos. "El daño que hicieron… la filtración de metales en los mantos es algo imposible de detener en los próximos años", señaló en septiembre Sinaí Guevara, de Greenpeace.

    Pero, al margen de estos problemas, lo que más ha sufrido en la zona es la economía, basada en gran parte en la agricultura y la ganadería. "La economía se derrumbó", admite Lacy. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México cuantificó en 1.800 millones de pesos (unos 105 millones de euros) el impacto del vertido.

    Un mes después del accidente, el Gobierno de Enrique Peña Nieto forzó a la empresa de Germán Larrea, uno de los magnates más poderosos en México, a crear un fondo para reparar el daño. A mediados de septiembre, se constituyó un fideicomiso de 2.000 millones de pesos (más de 115 millones de euros) para apoyar a los afectados. Ese montante lo está aportando la empresa. El secretario (ministro) de Medio Ambiente, Juan José Guerra, dejó claro entonces que la empresa tendrá que ofrecer más recursos si los fondos son insuficientes. Y criticó que la compañía ocultara al principio el motivo del derrame: "Nos dijo que había sido por exceso de lluvias, lo cual fue totalmente falso".

    Lacy preside el comité técnico que gestiona el fideicomiso encargado de las reparaciones. Resalta como un hito en el país la celeridad con la que se cerró el acuerdo con Grupo México para que aportara los 2.000 millones de pesos. "Se han pagado ya 928 millones de indemnizaciones", informa. Este dinero se ha destinado principalmente a infraestructuras hidráulicas y a compensaciones a comercios y la agricultura y ganadería.

    En este punto, este desastre difiere del de Aznalcóllar. El Gobierno andaluz reclama a la sueca Boliden los más de 89 millones de euros que costó la restauración ambiental del entorno del río Guadiamar desde que se produjo el vertido. Hasta ahora, no ha tenido éxito en su reivindicación ante la justicia, que ha ido cerrándole puertas. Tras un largo periplo, el Gobierno regional ha vuelto a presentar la misma reclamación económica en el Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla.

    Boliden, sin embargo, no espera que tener que hacer frente a esta indemnización. "La empresa no sufrirá daños financieros sustanciales como resultado de los procesos judiciales", sostiene la compañía en su último informe anual. "La empresa no ha realizado ninguna provisión", añade en la memoria de 2014. El accidente de Aznalcóllar se produjo en un momento en el que el precio del cobre estaba muy bajo, lo que influyó en que Boliden abandonara la explotación de Sevilla sin agotar las reservas.

    Pero, en el caso de la mina Buenavista, Grupo México no tiene intención de marcharse debido a los cuantiosos recursos que puede aún extraer. De ahí, según Lacy, la celeridad con la que esta empresa se comprometió a aportar el dinero para las indemnizaciones. "Es una veta muy rica" y la inversión de la empresa es "a muy largo plazo" y "rentable", indica el subsecretario de de Planeación y Política Ambiental. Lacy también cree que la presión del Gobierno federal y la "gran presión social" en la zona influyó. Además, pesaron los antecedentes: en 2006, 65 mineros murieron tras una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, propiedad también de Grupo México.

    Pese a la satisfacción que muestra Lacy por el rápido pago de las indemnizaciones, la reparación del daño ha tensado en la zona. Los pagos se han suspendido temporalmente hasta después de las elecciones locales del próximo 7 de junio. Y centenares de vecinos del municipio de Aconchi han amenazado con impedir las votaciones si no se reanudan las indemnizaciones, necesarias para reactivar la economía en Sonora, el estado conocido como el granero de México.
    Fuente: El Pais
    "Cuando el mundo esté preparado y una nueva vida renazca, gozarán de mis actuales descubrimientos"
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    El presidente de Ciudadanos en Andalucia y la adjudicación de Aznalcollar:
    El presidente de Ciudadanos (C's) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha dicho este jueves que es "muy complicado argumentar que pueda haber un caso de corrupción política en un procedimiento prácticamente técnico" como es el de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y ha dicho "alegrarse" del informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía en el que se concluye que, "a la vista de la información puesta a disposición de la mesa de contratación y de la asistencia a la sus reuniones como vocal", dicha adjudicación "se ha ajustado a Derecho".

    "Si finalmente es así, yo me alegro enormemente", ha dicho el presidente de C's en el Parlamento andaluz, ya que, a su juicio, permite "devolver la credibilidad a las instituciones y esto es por lo que estamos". En este punto ha insistido que, en el caso de que se confirme la legalidad en todo el proceso de adjudicación se trataría de "una buena noticia para Andalucía".

    Marín, que ha visitado Jaén para acompañar a la candidata a la Alcaldía, Salud Anguita, ha reiterado "su cautela" en este tema ya que por experiencia propia como primer teniente de alcalde ha gestionado "muchas concesiones de estas características" y sabe "el procedimiento que lleva", ya que son "procedimientos técnicos muy complicados".

    El informe de la Intervención General hace referencia al auto dictado el 7 de mayo de 2015 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, donde se ponen de manifiesto "supuestas irregularidades" en la tramitación del procedimiento seguido para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos de la zona de Aznalcóllar.
    Fuente: LD
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