Un juez les acusa como responsables de Instituciones Penitenciarias por 18 años de vertidos ilegales a un río de Granada y su negativa a enmendar el desastre medioambiental
ACAIP, el sindicato mayoritario en prisiones, pide el "cese inmediato" de Yuste

QUICO ALSEDO Madrid
Actualizado:05/07/2015 02:34 horas

Unos 18 años de vertidos fecales y sanitarios ilegales, con "profusión de partículas orgánicas en suspensión", desde la prisión de Albolote (Granada) al contiguo arroyo del Juncal han provocado la imputación de Ángel Yuste y Mercedes Gallizo, actual y anterior responsables de Instituciones Penitenciarias respectivamente, por tres delitos: prevaricación omisiva, delito contra la ordenación del territorio y delito contra el medio ambiente.

Lo ha decidido, en un auto fechado el pasado 16 de junio y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Granada, Miguel Ángel del Arco, que investiga la presunta negativa de Yuste y Gallizo a tomar medidas contra el deterioro sistemático provocado por los vertidos de "agua residual, de color gris verdoso, maloliente y espumosa" -como informó varias veces el Seprona- en todo el entorno.


Desde la central sindical mayoritaria en prisiones, ACAIP, se solicita con toda rotundidad el cese en sus funciones de Yuste, "porque el máximo responsable del cumplimiento de las penas en todo el Estado español no puede estar imputado por haber hecho caso omiso a los poderes del propio Estado durante tantos años", declaró Juan Ramón López, su presidente. "Este señor no puede estar ni un segundo más ostentando esa responsabilidad".

El Seprona tachó los vertidos de peligrosos y ninguno de los dos hizo nada por evitarlos

El asunto fue denunciado por un particular en 2010, pero los hechos, según su denuncia, vienen acaeciendo desde 1997, cuando se construyó la prisión. Yuste es secretario general de Instituciones Penitenciarias desde 2011, y ostentó cargo equivalente (director general) en la anterior etapa del PP, entre 1996 y 2004. En el ínterin, en los 7 años de Rodríguez Zapatero, Mercedes Gallizo cumplió ese cometido. Gallizo es ahora diputada regional recién elegida en la Asamblea de Madrid por el PSOE.

El meticuloso auto, de 43 páginas, esboza la presunta responsabilidad de ambos por desoír las constantes peticiones del Seprona para que se detuvieran unos vertidos que, según el Instituto de Medicina Legal de Valencia, "suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas". La Guardia Civil, por su parte, aseguró en varias ocasiones la "elevada carga contaminante" y el hecho de que "no se observa tendencia alguna que permita deducir una modificación de la gestión de la depuradora encaminada a disminuir la capacidad contaminante de los vertidos". Que no se hizo nada, en definitiva.

El juez ha dado credibilidad, en el caso de Yuste, al escrito en el que la acción popular, que representa a propietarios de la zona, asegura que "desde que fue nombrado secretario general, en el momento de máximo apogeo de los vertidos ilegales, constándole todo tipo de informaciones y resultados positivos respecto de los vertidos contaminantes, no ha adoptado ni una sola medida para resolver la contaminación ni los daños producidos a terceros y al medio ambiente. Es más", sigue el escrito, "se siguen produciendo vertidos desde finales de 2014 y en el presente 2015 a pesar de la reforma de la depuradora de aguas residuales sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna solución por parte de Instituciones Penitenciarias". Los vertidos son, según varios análisis, peligrosos para la salud de los vecinos.
Fuente: El Mundo