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El mensaje de Bruselas —con advertencia sobre el futuro de los fondos incluidos— respecto a la necesidad de poner en marcha las desaladoras supone un mensaje nítido al PP. Los populares han hecho campaña durante ocho años contra las desaladoras y a favor del trasvase del Ebro. El exportavoz popular Esteban González Pons las calificó como “nucleares del mar” —extraño insulto para un partido pronuclear—. Y el consejero de Medio Ambiente de Murcia, el popular Antonio Cerdá, apostó en La Verdad de Murcia por desmontar las desaladoras y venderlas a países árabes —aunque el Gobierno de Murcia ha construido su propia desaladora que también funciona a medio gas—.
Las declaraciones molestaron a las multinacionales españolas (Acciona, Abengoa, OHL...) que han ganado contratos de desalación en el exterior. Acciona, por ejemplo, participa en el consorcio que ha construido la desaladora de Adelaida (Australia) por unos 1.405 millones de euros. El sector, aun admitiendo que el plan español pudo estar sobredimensionado, ha pedido moderación al Ejecutivo del PP.
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