El capitán del Prestige y principal acusado en el macrojuicio sobre la tragedia medioambiental que se ha reanudado en A Coruña ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, pero ha alegado que debido a su "edad avanzada" (77 años) no respondería a las preguntas de todos los abogados personados en la causa, cuando se cumplen diez años de los vertidos de petróleo.
Sin embargo, el capitán del petrolero sí contestó a las preguntas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la defensa, así como a las de los letrados de las entidades consideradas responsables civiles de la catástrofe.
Además, Mangouras ha reconocido que el rumbo que se fijó para el barco cuando se supo que no podía ser remolcado fue "el peor" de los posibles "Nos han llevado en un féretro flotante a ahogarnos", ha subrayado a preguntas del fiscal, después de afirmar que se dio cuenta de que los llevaban hacia el "océano" en lugar de a un "puerto refugio".
También ha negado que no hubiese colaborado con las autoridades españolas en plena crisis ecológica: "Nosotros hemos contribuido con todo lo que hemos podido", dijo. "Me trataron como un criminal", ha sentenciado.Asimismo, ha recalcado que, antes de dar el visto bueno al remolque, necesitaba hablar con el armador para que "autorizase" la operación por su coste. "No me dijeron que el 'Ría de Vigo' iba a remolcarlo sin coste, si me hubieran dicho que el remolque era gratis les hubiera dicho que sí", ha apostillado.
De nacionalidad griega, Mangouras se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. El hundimiento del barco y la 'marea negra' consiguiente se produjo a finales de 2002. El Ministerio Público reclama indemnizaciones por un total de 4.442 millones de euros.
http://www.publico.es/espana/445276/...es-del-vertido
Durante la celebración del juicio, activistas de Greenpeace han desplegado una pancarta con fotos de los responsables políticos de la catástrofe, entre otros, el presidente del Gobierno y entonces vicepresidente, Mariano Rajoy y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ocupaba el mismo cargo en el momento del vertido.
En un comunicado, Greenpeace sostiene que la marea negra que afectó a casi 2.000 kilómetros de la costa española "fue debida, además de a las carencias en la responsabilidad en el transporte marítimo que, hoy en día, siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, a los fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones".
Durante la apertura del juicio en octubre, tanto el capitán como el jefe de máquinas solicitaron la nulidad del proceso, pero el juez la rechazó.
El tribunal rechazó también el requerimiento solicitado por la plataforma ciudadana 'Nunca Máis' , que reclamó la nulidad de la principal prueba pericial del juicio, que se refiere al estado estructural del petrolero, dado que la efectuó el ingeniero naval Santiago Martín Criado, ya fallecido, el mismo que estaba en el gabinete de crisis gubernamental que se constituyó tras el accidente y que dio por buena la decisión de alejar el barco de la costa. Fiscalía, Abogacía del Estado y Xunta de Galicia defendieron la validez de esta prueba pericial, que ha respaldado el tribunal.
El recinto ferial ExpoCoruña será durante ocho meses la sede del macrojuicio del ‘Prestige’, una vista que volverá a reunir en A Coruña a los principales ‘protagonistas’ de una catástrofe que provocó una marea negra de petróleo en toda la costa gallega, y que llegó hasta Asturias, Cantabria y Francia. Hasta septiembre de 2013 no se espera dictar sentencia.
Las cuestiones procesales marcarán el inicio del proceso, en el que hasta noviembre no declararán los acusados, el capitán del ‘Prestige’, el jefe de máquinas y el exdirector general de la Marina Mercante. En diciembre comenzarán las declaraciones del más de centenar de testigos, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil supera los 2.200 millones, aunque un informe pericial de la Fiscalía cuantifica en 3.862,42 millones el impacto ambiental y económico de la catástrofe solo en el caso del Estado español.
El juicio ha generado expectativas, aunque los afectados ven difícil que se haga Justicia diez años después de la tragedia, algo en lo que coinciden las cofradías de pescadores y otros colectivos como organizaciones ecologistas o el movimiento ‘Nunca Máis’, creado tras la catástrofe.
Lo mismo apuntan los afectados en relación al hecho que el único responsable institucional que estará entre los acusados es el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Sí comparecerá como testigo, entre los 130 citados, el ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.
Con todo, y aunque “el resultado negativo” del juicio contra la clasificadora ABS en EE.UU –donde la firma quedó exenta de pagar la indemnización reclamada por España–, no es para los perjudicados un buen precedente, las partes personadas confían en que el juicio sirva para depurar responsabilidades por unos hechos acontecidos el 13 de noviembre de 2002.
77.000 toneladas de fuel
Ese día, el ‘Prestige’ registró una vía de agua, en medio de un temporal cuando el petrolero se encontraba navegando con unas 77.000 toneladas de fuel a 28 millas de Fisterre. Seis días después, el 19 de noviembre, el buque, tras intentar alejarlo de la costa, se partió en dos.
A la ‘marea negra’ del petróleo, le siguió entonces una ‘marea blanca’ de voluntarios procedentes de todo el mundo para limpiar el petróleo. Ahora, se une la ‘marea’ de la numerosa documentación del juicio con un sumario de más de 260.000 folios.
En él, una de las cuestiones centrales será el debate sobre si la decisión de alejar el barco fue o no la correcta y la incidencia que tuvo en las dimensiones de la catástrofe, después de que se hiciesen públicas grabaciones de responsables de Salvamento Marítimo planteando el traslado del barco a una zona refugio.
1,4 millones de euros: el coste del juicio
Desde el martes, esta y otras cuestiones se abordarán en un juicio que tendrá un coste para las arcas de la Xunta de Galicia, que asume en solitario su organización, de 1,4 millones de euros.
Para su celebración, se ha dispuesto una sala de vistas que ocupará una superficie de más de 450 metros cuadrados, en los que se habilitará un estrado de 200 metros cuadrados. También habrá más de 200 asientos para el público y 30 medios de comunicación acreditados. La sala contará con sistemas de videoconferencia y habrá un servicio de traducción a cuatro idiomas (inglés, francés, griego y gallego).
A los medios materiales, se suman los humanos con un juicio en el que habrá 55 acusaciones, asistidos por 70 letrados y que representan tanto a perjudicados, como es el caso de las 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria, como a organizaciones ecologistas y otras surgidas tras la catástrofe, caso de ‘Nunca Máis’.
Junto a ellos, estarán los letrados de la Abogacía del Estado, de la Xunta de Galicia, de la Diputación de A Coruña, del Estado francés o la Fiscalía, entre otras partes personadas en el juicio, además de las defensas.
En cuanto a las reclamaciones, un informe pericial de la Fiscalía cifra en más de 3.800 millones el impacto económico y ambiental, frente a los casi 2.000 que se planteó inicialmente el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Alvaro García Ortiz, solo para el Estado español.
Los acusados
En un juicio con casi un centenar de peritos, lo que más expectación genera es si, finalmente, comparece en el juicio el capitán del buque, Apostolos Mangouras, cuya declaración no será como el resto de los acusados hasta el mes de noviembre.
En concreto, comenzarán a partir del día 13 con tres días de declaración para cada acusado, según las previsiones de la sala que enjuiciará el caso, dos hombres y una mujer.
Junto al capitán, Apostolos Mangouras, están acusados el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto -en paradero desconocido y declarado en rebeldía- por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia.
También lo está el entonces director general de la Marina Mercante José Luis López-Sors, por delitos contra el medio ambiente y daños, para el que la acusación de ‘Nunca Máis’ solicita cinco años de prisión. Los demás acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los doce años de prisión, que reclama la Fiscalía para el capitán y los cuatro años de cárcel, que solicitan otras partes personadas.
Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, que figuraban como propietarias del barco, y el Estado español.
Marcadores